Buenos Aires-Argentina 04 de febrero de 2026.- Lo que debía ser una jornada de trámites habituales en la sede consular de la calle Virrey Ceballos 1379, se convirtió el pasado viernes 30 de enero en un escenario de amedrentamiento y abuso de poder. El actual vicecónsul de Bolivia en Argentina, Jorge Arandia Cortez, fue el protagonista de un tenso cruce donde, lejos de brindar asistencia, utilizó la amenaza de deportación para acallar los reclamos de ciudadanos bolivianos.
El origen del conflicto:
Privilegios e irregularidades
La tensión estalló cuando los ciudadanos presentes, muchos de ellos esperando desde las 4:00 a.m. bajo el sol con niños en brazos, denunciaron irregularidades en la atención. Según el testimonio de Pamela Ovando, residente boliviana afectada, el conflicto inició cuando el personal permitió el ingreso discrecional de un grupo de personas de origen asiático que no respetaron la fila ni el sistema de turnos.
Al reclamar por esta falta de transparencia, la respuesta de la guardia policial argentina asignada al consulado fue la agresión física y verbal. "No te importa, volvé a tu fila", relata Ovando esta oficial además golpeó su teléfono celular y le propinó insultos xenófobos: "Bolivianos de mier... ¿Por qué no se van a su país?".
"Los vamos a deportar": La amenaza institucional
Ante el tumulto, en lugar de mediar, el vicecónsul Arandia Cortez bajó a la entrada para intimidar a los presentes. "Cállense la boca, esto no es un mercado. Les van a sacar el DNI y los van a deportar", habría vociferado el funcionario.
La gravedad de estas palabras radica en que, según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la función principal de un cónsul es la protección y asistencia de sus nacionales. Sin embargo, Arandia Cortez, quien según fuentes locales pertenece a la gestión anterior, habría ratificado su amenaza más tarde: "Diles que no hagan nada más; soy abogado con 15 años de experiencia y van a tener problemas, perderán el DNI".
Un contexto de vulnerabilidad extrema
Este incidente ocurre en un momento crítico, luego de que el Ministerio de Seguridad de Argentina informara casi 5,000 expulsiones e inadmisiones de extranjeros entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Que un funcionario boliviano utilice la política migratoria del país anfitrión como arma de coacción contra sus propios compatriotas es visto como una traición institucional.
Acciones legales en marcha
La comunidad boliviana en Buenos Aires no se quedará de brazos cruzados. Pamela Ovando confirmó en entrevistas para ATV Argentina y Radio Metropolitana que se está estructurando una denuncia penal con el apoyo de organizaciones de Derechos Humanos en Argentina.
"No podemos permitir que nos falten el respeto en suelo boliviano", afirmó Ovando, quien planea viajar personalmente a La Paz en las próximas tres semanas para elevar la denuncia ante la Cancillería de Bolivia, buscando que este caso siente un precedente contra el maltrato consular.
